Reflexiones
Gobierno: porque quiere y puede.
2014-03-10

I nteresantes conclusiones pueden extraerse de la lectura del Acuerdo de Certidumbre Tributaria, conclusiones de cómo se ven a sí mismos los gobernantes: cuál creen que es su tarea; cuáles son las restricciones que enfrentan.


Tarea. Leemos, haciendo referencia a la “reforma” fiscal del año pasado, que la misma “amplía la base de los principales impuestos con el fin de incrementar la capacidad financiera del Estado mexicano para atender las necesidades básicas de la población”, siendo ésta, en la visión de los gobernantes ángel de la guarda (que como tales pretenden preservarnos de todos los males) y hada madrina (que como tales intentan concedernos todos los bienes), la principal tarea del gobierno: atender las necesidades básicas de la población, y no, tal y como debería ser, garantizar los derechos de los ciudadanos. Claro que el problema surge, tal y como lo ha hecho en México, cuando de manera arbitraria se identifican necesidades con derechos, los llamados derechos sociales: a la alimentación, a la atención médica, a la educación, a la vivienda digna, al retiro decoroso, y un etcétera tan largo como a cada quien se le ocurra, derechos sociales que tienen como contrapartida la obligación del gobierno de garantizarlos: alimentar, curar, educar, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo que es entonces que surge el problema porque entonces, estrictamente hablando, lo que el gobierno debe hacer ya no es satisfacer necesidades sino garantizar derechos y esa, ¡ni más ni menos!, es su legítima tarea. ¿Cuántos nuevos derechos sociales se inventarán a lo largo de este gobierno?

Restricciones. Leemos, en el primer punto del acuerdo, que hasta noviembre de 2018 no se cobrarán más impuestos, pero, ¡ya apareció el pero!, que “sólo (se) propondrá modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario”, lo cual quiere decir que si el gobierno no recauda lo que debe recaudar para hacer frente a sus obligaciones de gasto, muchas de las cuales tienen que ver con el garantizar los mentados derechos sociales, entonces, o cobrará nuevos impuestos, o cobrará a una tasa mayor los que ya cobra, o cualquier combinación posible, escenario ante el cual la pregunta inevitable es: ¿y por qué no realizar el ajuste por la vía del gasto (algo que debería estar previsto en todo presupuesto de egresos)? Y la respuesta es clara: porque el gobierno puede obligar a los contribuyentes a entregarle una mayor porción del fruto de su trabajo, y la gran mayoría de los gobernantes prefieren hacer enojar al contribuyente que a sus clientelas presupuestarias (los grupos que se benefician del gasto del gobierno). En pocas palabras: la restricción presupuestaria que enfrenta el gobierno, si no es inexistente, sí es muy débil, y los incentivos que ocasiona son a favor de un gasto cada vez mayor, para apuntalar los programas que ya existen, y para crear nuevos programas, mismos que, una vez puestos en marcha, resulta, si no imposible, sí muy difícil eliminar, y para obligarnos a financiarlos estamos los contribuyentes. ¿O no?



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