junio 24, 2020 11:10 AM
TV Azteca

La cosecha de tributos / Manuel J. Molano

“Para llevar a un estado desde la más baja barbarie al más alto grado de opulencia se necesitan paz, impuestos sencillos y una administración de justicia tolerable”. – Adam Smith, 1755

Antes del surgimiento del Estado, pero después del nacimiento del poder político, la gente seguramente se sentía confundida respecto a quién pagarle los impuestos. ¿Debo tributo a mi tlatoani? ¿A la iglesia? ¿Se lo debo al rey que manda por encima de mis reyes? ¿No podría yo evitar ese pago, si el señor poderoso no me da nada a cambio? Ese dilema que parece antiguo está presente en el México moderno.

Los impuestos existen para financiar las necesidades del Estado, para financiar bienes públicos, no los caprichos de los gobernantes. Los bienes públicos son aquellos en los que no hay rivalidad en el consumo (si usted lo consume yo también puedo hacerlo), y no hay posibilidad de exclusión de algún beneficiario.

Mucha gente se pregunta si servicios como el transporte, la educación o la salud son bienes públicos. No podemos usar al mismo tiempo el mismo pupitre, o la misma cama de hospital. El tiempo de cada doctor y cada profesor es escaso. También es posible excluir a alguien: las reglas de uso son cartas de exclusión. Algunas personas se autoexcluyen porque no les gusta la calidad del bien que suministra el Estado, y prefieren proporcionárselo ellas mismas. Por eso hay transportes, seguros y escuelas privadas.

Los liberales clásicos pensaron en bienes públicos puros. La defensa nacional, razonaba David Ricardo, es un bien público: ningún inglés podía excluirse de la protección de la Armada Británica. El Estado de derecho es otro: aunque la administración de justicia sí está sujeta a las restricciones de rivalidad y exclusión, vivir en un país donde las leyes en general se cumplen es un bien público que ayuda a construir país. Se nos olvida que las leyes, la administración de justicia y la seguridad son los bienes públicos más importantes, por lo que distraemos al Gobierno en otras cosas. Lo predestinamos al fracaso.

En el reciente informe sobre la competitividad de los estados, el IMCO hace un llamado a los estados de la Federación a recuperar sus facultades tributarias. Esto implica una labor diplomática y legislativa con el Gobierno Federal para replantear el arreglo recaudatorio instaurado en los años 80. Este acuerdo suponía que la renta petrolera, la administración de la abundancia, serviría para suplir las carencias de recaudación. La renta petrolera se acabó, y tenemos que replantear ese pacto.

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