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América Latina debe condenar la barbarie en Filipinas

Los derechos humanos en aquel país son violentados sistemáticamente por el gobierno de Duterte

En julio de 2019, varios países latinoamericanos prestaron un respaldo crucial a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condenó los miles de asesinatos y otras violaciones generalizadas de derechos humanos en el marco de la feroz “guerra contra las drogas” que libra el Presidente Rodrigo Duterte en Filipinas. Los gobiernos latinoamericanos que votaron a favor de la medida e hicieron posible su aprobación fueron Argentina, México, Perú y Uruguay. Lamentablemente, Brasil y Chile se abstuvieron. Ningún país latinoamericano votó en contra de la resolución, salvo Cuba.

La aprobación de la resolución, patrocinada por Islandia, le dio visibilidad a la grave situación de derechos humanos en Filipinas, que continúa deteriorándose dramáticamente. Gracias a la resolución, la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, publicó un informe en junio de este año en el cual concluyó que los asesinatos en Filipinas tenían un carácter “generalizado y sistemático”. Según señala el informe, al menos 8.663 personas han sido asesinadas desde que Duterte asumió el poder en julio de 2016 como parte de su campaña letal contra las drogas. Otras fuentes calculan que la cifra es tres veces mayor. Además, según información creíble, 208 defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas han sido asesinados durante este período por sus actividades.

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